La Justicia Federal acusó a un grupo que manejaba puntos de venta de cocaína y marihuana en distintos barrios de la ciudad. Utilizaban domicilios en Belgrano y en Tres de Febrero para la comercialización de droga.
El fiscal Federal Santiago Eyherabide solicitó que los integrantes de una banda narco liderada por un preso alojado en la cárcel de Batán vaya a juicio por vender y distribuir droga desde el barrio San Jorge.
Según la acusación fiscal, desde febrero de 2023 hasta los allanamientos del 10 de octubre de 2024 operó en la periferia de Mar del Plata una organización narco integrada por, al menos, nueve personas.
La investigación se inició a partir del juicio contra Elio Cajal, un peligroso narco que fue condenado a ocho años de prisión y que durante años atemorizó al barrio La Herradura. En ese debate, que finalizó en el Tribunal Federal en diciembre de 2024, también fueron condenados Carlos Ambrosio y Carlos Camarzana, a 6 años y 6 meses, y 6 años. En un testimonio durante las audiencias, un testigo indicó la existencia de un “point” en Belgrano y 256, perteneciente al clan familiar H.. Con tareas de la PSA y luego de la Prefectura, se documentaron maniobras compatibles con la comercialización al menudeo y, más adelante, se ordenaron intervenciones telefónicas y allanamientos
En ese marco, los fiscales sostienen que el clan de la familia H. se dedicaba a la venta de cocaína y marihuana en distintos barrios de la ciudad, con una logística coordinada desde la cárcel de Batán, donde el líder de la banda cumplía detención. Desde allí, impartía órdenes para abastecer y sostener los “points” de venta que funcionaban en domicilios de Tres de Febrero y Belgrano, y que eran manejados por distintos miembros de la organización.
Los procedimientos posteriores confirmaron la operatoria: en los domicilios se secuestró cocaína de alta pureza, marihuana fraccionada, plantas en crecimiento, balanzas de precisión, dinero en efectivo y una pistola Bersa Thunder 9 Pro de la Policía Bonaerense que había sido robada meses antes a una sargento en Batán.
Con esos elementos, la Justicia Federal acusa a los nueve imputados de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y por haber operado en inmediaciones de dos escuelas, además de la tenencia ilegítima de un arma policial.
S.O.F., conocido como “Piojo”: desde la Unidad Penal 44 de Batán impartía directivas para la preparación y venta de droga y coordinaba la logística.
H.A.C., conocido como “Peludo”: señalado como transportista de cocaína hacia el domicilio de Tres de Febrero, donde se fraccionaba y distribuía.
D.D.A. y su pareja S.M.C.: tenían a su cargo el “bunker” de Tres de Febrero 7168/70, donde se acondicionaba la droga y se realizaban ventas o deliveries.
J.L.H.: líder del clan familiar H., operaba el punto de Belgrano 11.198. Fue hallado con marihuana y un arma robada a la Policía Bonaerense.
L.E.H. y su pareja S.S.M.: actuaban como encargados de abastecer y recuperar (“rescatar”) droga para mantener el punto de Belgrano.
J.R., conocido como “Mudo”: administraba otro kiosco de droga en Belgrano al 11.100 y luego se mudó a Vértiz al 11.900.
La investigación federal reflejó cómo los acusados se movían con cautela cuando percibían operativos policiales en su barrio. Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente muestran la preocupación de familiares y allegados ante la posibilidad de que la presencia de patrulleros y allanamientos tuviera como blanco al clan de la familia H..
En un pasaje de la causa, un conocido de los imputados le advierte con crudeza a uno de ellos: “Me había preocupado por vos, boludo, yo digo qué, ¿perdió este gato?… de repente veo que te había caído ahí la gorra y noo, estos se llevaron al Eze, estos hijos de puta”.
Incluso la propia madre de L.E.H. le manifestó su temor durante aquellos procedimientos vinculados a otro hecho grave ocurrido en el barrio: “Mientras no te metan en problemas a vos, papi…”, a lo que él contestó resignado: “Esperemos que no… vamos a ver qué pasa”.
El trasfondo de esa tensión estaba dado por el crimen de Francisco Vázquez, asesinado en julio de 2024 con tres disparos en la plaza de Belgrano al 11.300. Por ese homicidio fue detenido el ex policía Juan Sebastián Muro, acusado de atacar a la víctima tras una discusión con una mujer. Muro fue capturado en una vivienda frente a la plaza Namuncurá, donde intentó ocultarse, y en la que se halló un revólver calibre 32 que habría sido utilizado en el ataque.
La casa, señalada como un “point” de drogas, fue demolida pocas horas después. En otro domicilio ligado a Muro, en calle Sandino, la policía secuestró dos armas más y más de un kilo de cogollos de marihuana. Allí fueron imputadas otras tres personas por tenencia ilegal de armas y estupefacientes.
En las actas de la investigación quedó registrado un mensaje intimidatorio dejado por el líder del clan familiar H. en el contestador automático el 5 de noviembre de 2023, en el que reclama una deuda vinculada a “la mercadería” y amenaza con buscar al deudor si no se le paga. La transcripción literal del audio, incorporada al expediente, dice:
“Mira campeón, te voy a decir una sola cosa. Vos sos el hermano de E. no?. Bueno yo te voy a decir una sola cosa, él me debe una moneda, me dijo que me iba a depositar una plata, yo tengo un problema bárbaro. Yo no vendo mercadería al pedo, no la regalo, entendés. A mí no me tomen, no me van a tomar de pelotudo, ni vos, ni el marido de ella, ni nadie, entendés. Que me haga el gil es una cosa, pero a mí no me van a tomar de pelotudo, ni vos, ni ella. ¿Escuchaste no? Voy a ir a buscarte, voy a ir a buscarte y vamos a tener problemas amigo. Así que atrévete a la consecuencia sino querés problemas. Solucioname, que yo no estoy para jugar. Está claro? Así que vení y tráeme las cosas, que me traigan las cosas como corresponde. Listo, la dejamos ahí, así que la vamos a ver, y sino llamame…”
El fiscal sostuvo que las conductas atribuidas a los nueve acusados encuadran en el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas y, especialmente, por haberse desarrollado la actividad a pocos metros de dos establecimientos educativos: la Escuela Secundaria N° 35 y la Escuela Primaria N° 57.
Según el requerimiento, las pruebas reunidas —intervenciones telefónicas, movimientos de dinero en cuentas y billeteras virtuales, tareas de campo y los resultados de los allanamientos— demuestran que la cocaína y la marihuana incautadas en las viviendas de Belgrano 11.198, su lindera y en el domicilio de Tres de Febrero 7168/7170 tenían como único destino su fraccionamiento y venta a cambio de dinero.
El dictamen subraya que el bien jurídico protegido es la salud pública, y que el tipo penal alcanza todas las etapas de la cadena del narcotráfico: desde la tenencia y ocultamiento de la sustancia hasta su distribución y comercialización. En este caso, se acreditaron maniobras típicas de comercio, como la preparación de envoltorios, la utilización de balanzas de precisión, la existencia de sustancias de corte, el hallazgo de dinero en billetes de baja denominación y el intercambio de mensajes telefónicos sobre precios y calidades.
Asimismo, la Fiscalía resaltó que en este tipo de organizaciones no es imprescindible que todos los miembros tengan la droga en su poder: algunos se encargan de custodiarla, otros de fraccionarla o esconderla y otros de venderla. Lo relevante es la actuación conjunta y coordinada dentro de una estructura organizada, con fines de lucro y continuidad en el tiempo.
Finalmente, Eyherabide planteó que todos los imputados deben responder como coautores, ya que mantuvieron un dominio funcional de los hechos y actuaron de manera coordinada para asegurar la actividad ilícita en los distintos puntos de venta.